Por: La subdirectora
En otras ocasiones hemos hablado de la investigación y la innovación como factores indispensables para que el sector del agro colombiano reciba el empujón que necesita para explotar su potencial y convertirse en una opción viable. Pues bien, hace poco el Congreso abrió una puerta que podría conducir al país por este camino: aprobó la ley de Innovación Agropecuaria (Ley 004 de 2017). La ley de Innovación Agropecuaria fue el último de los instrumentos normativos aprobados mediante el procedimiento especial de fast track[1]. Aunque del paquete de leyes que se propusieron por el gobierno en el marco del proceso de paz esta era una de las que no hacía alusión a temas políticos sino puramente sociales, el clima de las elecciones que se avecinan alcanzó a amenazar la aprobación de este importante proyecto. De hecho, se aprobó el último día del fast track, cuando ya algunas voces, como la del director del Corpoica, habían manifestado sus temores sobre su posible hundimiento.
El propósito de esta ley es la transferencia de conocimientos técnicos a los actores del campo colombiano de forma sistemática, permanente y a gran escala. Para alcanzar este objetivo, la ley creó una interesante figura, el servicio público de extensión agropecuaria, que en palabras más llanas es un servicio de asistencia técnica al que tendrá derecho todo aquel que, de manera individual o asociativa, se ocupe en labores agropecuarias. La idea es capacitar a los productores para que incorporen en su actividad conocimientos que mejoren su competitividad y sostenibilidad.
Este servicio público se prestará a nivel municipal y distrital a solicitud del interesado por unas entidades que podrán ser de diversa índole (públicas, privadas, mixtas, gremiales, universitarias, etc.) llamadas EPSEA – Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria-. La contraprestación de este servicio será una tasa que podrá ser subsidiada temporalmente por el gobierno una vez se acrediten ciertas condiciones, como ser víctima del conflicto armado interno, carecer de suficientes recursos económicos, o poseer un predio que esté incluido en ciertos programas de desarrollo.
La ley creó así mismo otras herramientas prometedoras, entre las cuales están el PECTIA, la Agenda I+D+i, los PDEA, la Plataforma Siembra y la Comunidad LINKATA. Los tres primeros, PECTIA -Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria-, Agenda I+D+i -Agenda Dinámica Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Agropecuaria- y PDEA -Plan Departamental de Extensión Agropecuaria- serán instrumentos de planeación de carácter general y sectorial que definirán los objetivos a corto y mediano plazo y la destinación de los recursos del Sistema de Innovación Agropecuaria. Por lo que toca a la Plataforma Siembra, se trata de una herramienta electrónica que recopilará información sobre los proyectos agropecuarios y la oferta tecnológica originada en el Sistema. Por último, la Comunidad LINKATA estará orientada a la divulgación y transferencia de conocimiento y tecnología agropecuarias.
Esperamos que esta nueva herramienta normativa preste servicios útiles a los productores agropecuarios y que, a diferencia de otros programas similares, opere con transparencia, llegue a los correctos destinatarios y genere el impacto y el progreso deseados.
[1] Posibilidad transitoria (hasta el 30 de Nov. de 2017) de aprobar leyes modificatorias de la Constitución Política en tiempos más cortos de los ordinarios. Por esta vía se simplificaron los trámites de las leyes relativas al proceso de paz.
