Por: la Subdirectora
En todo el mundo, pero sobre todo en países tan desiguales como Colombia, escándalos como el de los papeles de Panamá deben causar aún mayor indignación. En efecto, la brecha es cada vez más amplia. Los pobres se hacen más pobres, los ricos se hacen más ricos, y además, no pagan impuestos.
Para el contribuyente medio, el que los dueños de las grandes fortunas del país encuentren la forma de evadir sus impuestos es una gran ofensa. Gracias a una de las filtraciones de información más notables de toda la historia, por demás de origen anónimo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha desvelado un sistema paralelo en que los poderosos del mundo esconden sus fortunas. Dentro de los poderosos que encontramos en los papeles de la firma panameña Mossack Fonseca hay primeros ministros, deportistas, amigos íntimos de presidentes, narcotraficantes y empresarios de la minería entre otros, todos en el mismo paquete.
Si bien constituir empresas offshore no es en sí mismo una ilegalidad, un manto de duda ensombrece sospechosamente este tipo de operaciones. Para que un lugar sea considerado paraíso fiscal debe presentar los siguientes elementos: tener una legislación tributaria ligera, es decir, que los impuestos que se deban pagar sean pocos o nulos, y que se asigne una máxima importancia al secreto bancario. ¿Qué motivos puede tener alguien para constituir una sociedad en un paraíso fiscal? y ¿por qué recurren a ellos clientes de tan dudosa reputación como narcotraficantes y financiadores del terrorismo? Lavado de activos, evasión y elusión de impuestos, disposición libre del propio patrimonio y operaciones prohibidas por las legislaciones nacionales son solo algunas de las respuestas. El que Mossack Fonseca considerara qué tan expuestos políticamente estaban sus clientes a la hora de contratar con ellos constituye otro elemento de juicio a la hora de evaluar la corrección de estos manejos financieros.
En nuestro contexto nacional, encontramos que personalidades tan destacadas como los negociadores de paz están salpicadas por el escándalo. Reputaciones ya muy mancilladas siguen dando de qué hablar, caso de los hijos del expresidente Uribe. En mi concepto, sin embargo, lo más indignante es que personajes tan influyentes en la política tributaria del país como lo fueran un ex ministro de hacienda y un ex superintendente bancario hayan recurrido a los paraísos fiscales.
En Colombia la prensa ha tratado de restar importancia a este evento. Se ha dicho que tener empresas extraterritorialmente no es necesariamente una irregularidad. Con todo, la transparencia de todo aquel que figure en los papeles de Panamá ha quedado en entredicho, pues el que no sea ilegal no quiere decir que no sea ilegítimo ni poco ético.
Es claro que a nadie le gusta pagar impuestos. Lo paradójico es que de ellos se salven justamente quienes en mejor posición están para pagarlos. Mientras tanto, los pequeños y medianos empresarios y los asalariados soportamos la carga tributaria creciente que impone un gobierno incapaz y corrupto. Como si fuera poco, tampoco es posible dilucidar en qué se gastan los impuestos que con tanto esfuerzo la clase trabajadora es obligada a aportar.
O dejamos las hipocresías y aceptamos que nadie quiere que su fortuna sea tocada por el fisco, o nos embarcamos todos en el sostenimiento de un Estado que hasta ahora ha sido fallido, pero que podría mejorar, para lo cual son necesarias la justicia y la progresividad tributaria. O todos en la cama o todos en el suelo.
