Por: Vidal Romero
Periodista y Storyteller

Hace unas semanas llegué al municipio de Melgar en la madrugada. Me preguntaba si era peligroso por la hora a la que llegué, pero lo último que imaginé es que la policía me fuera a robar. No solo me robaron, sino que agredieron mis derechos amparándose en una norma inválida que utilizaron a su antojo. Pero advierto que esto me ha pasado en varias oportunidades, lamentablemente, en barrios de Bogotá y en diferentes lugares del país.

Había pasado la medianoche y caminaba por el parque central justo enfrente de la estación de Policía, buscando un hotel. Se acercaron, me pidieron papeles y me pareció normal; me solicitaron una requisa y me pareció normal; pero cuando encontraron una bolsa con 8 gramos de marihuana y me dijeron que me la tenían que incautar, todo dejó de ser normal. 

Me acercaron a la entrada principal de la estación y mencionaron que el porte de psicoactivos era ilegal y que tendrían que ponerme una multa -tipo 4 de 940 mil pesos- porque así lo disponía el Código de Policía y Convivencia, que en su artículo 140 proscribe portar sustancias prohibidas en el espacio público.  El artículo, sin embargo, no es válido desde mediados de 2019 porque “viola la Constitución Política al desconocer los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la expresión y al acceso al espacio público”, según determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-253 de 2019. El Código, o por lo menos su texto, no ha sido cambiado pero la Policía lo sigue usando a su acomodo. 

Sumado a lo anterior, en el año 2018 el entonces recién posesionado presidente, Iván Duque, firmó un decreto con el propóstio de poner un alto a los consumidores en los parques y que autorizaba a la Policía a decomisar la dosis mínima de drogas en espacios públicos. Pero más se demoró el Presidente en firmar el decreto, que en lloverle las demandas. Todo pasó a los estrados y la decisión fue a favor de los consumidores. 

Primero fue la Corte Constitucional cuando declaró la inconstitucionalidad parcial de los artículos 33 (numeral 2, literal c) y el 140 (numeral 7) del Código y luego el Consejo de Estado, cuando se pronunció sobre lo decretado por el presidente y ratificó que la Policía no puede decomisar sustancias psicoactivas, excepto en los casos en que se demuestre que son para distribución o comercialización, por ejemplo, cuando la persona carga más de 20 gramos o, dependiendo de la situación, cuando el producto va en unas condiciones especiales (enrolados o separados en varias bolsas pequeñas), que es como usualmente se consiguen en la ilegalidad. 

Y por si acaso, aclaro que no estoy de acuerdo con fumar en la calle, en los parques o cerca de los niños. Creo firmemente que los derechos de unos no deben pasar sobre los de otros, pero es bueno entender que no todos en Colombia pensamos igual. Y también creo que los fumadores necesitan sus espacios para no incomodar y que es importante mirar hacia países que ya legalizaron el consumo recreativo y han superado esos problemas de los que hoy hablo: el abuso policial hacia los consumidores.

El fallo de la Corte y la ratificación del Consejo de Estado concluyen que no se pueden desconocer los derechos a la intimidad de los consumidores cuando no afecten a otras personas, pero ¿cómo podemos hacer cuando es la Policía la que pasa encima de nosotros y desconoce el Estado de Derecho y las leyes que ellos mismos deben proteger? Esa noche, todo era sobre la ley. Yo no la había agredido y ellos la irrespetaron. 

Aunque ellos tenían el sartén por el mango, les pregunté que tendría qué hacer entonces para que la multa no procediera y les leí el fallo de la Corte y la ratificación del Consejo de Estado, ante lo cual, con una sonrisa cínica en la cara, uno de ellos me dijo que me fuera, pero se quedó con lo que por ley era mío. 

Algunos me dicen que es mejor dejar así y que afortunadamente no me pusieron la multa, pero también creo firmemente que hay unos derechos que hemos ganado y que no podemos ceder. Además, les pregunté a conocidos fumadores -no vendedores-  si habían tenido problemas con la ley sobre el mismo tema y a muchos de ellos en los últimos meses les ha pasado lo mismo. No por omitir la situación el problema se va a solucionar. Tampoco es de próceres, es sobre el respeto al Estado de Derecho.