Por: La Directora

Afortunadamente los sectores agrícola y floricultor no han sido de aquellos golpeados drásticamente este año.

No se puede decir lo mismo del comercio, que con el recrudecimiento de la cuarentena en los últimos días, está soportando la estocada final que le faltaba para hacerlo sucumbir por completo. Después de tres meses de cierre absoluto y una corta reapertura plagada de exigencias que rayan en el absurdo, la quiebra y los despidos son inevitables. Las solicitudes de disminución de los cánones de arrendamiento se convirtieron en solicitudes de terminación del contrato y las licencias no remuneradas se convirtieron en liquidaciones. Múltiples negocios sacados adelante con el trabajo honrado de varias generaciones han desaparecido. Pero nada de esto parece bastar a quienes nos gobiernan pues, claramente, ellos tienen un jugoso salario asegurado; salario que, por cierto, se paga gracias a las contribuciones que los comerciantes e industriales ya no estarán en capacidad de hacer. 

El hecho de que Colombia es uno de los países donde se ha vivido una de las más estrictas, largas y tempranas cuarentenas es la mejor prueba de que esa estrategia es un fracaso que se hace cada día más patente. Sin embargo, se sigue priorizando la limitación de derechos fundamentales por encima de la pedagogía y el autocuidado; sin embargo, se sigue esparciendo el miedo irracional; sin embargo, se siguen dando pasos que nos están devolviendo décadas en el objetivo de erradicación de la pobreza y, sin embargo, el gobierno, que nunca se ha preocupado por la ciudadanía, se empeña en desplegar una campaña propagandística sin precedentes donde protagoniza el papel de padre y salvador. 

Es muy posible que usted no haya escuchado una opinión como esta, y lo entiendo perfectamente. Lo entiendo, porque durante estos meses otro de los derechos que se nos ha violado es el derecho a la libre expresión. Quienes no están de acuerdo con la forma en que se ha abordado este problema -del que tanto escuchamos y tan poco sabemos- han sido bloqueados, censurados, estigmatizados y acallados. Han sido acusados de creer en teorías de la conspiración o de comulgar con ideologías de extrema derecha. Esto no es cierto y es injusto. Muchos de quienes no estamos de acuerdo con la situación que se nos ha impuesto estamos preocupados por valores tan preciados como la democracia, la libertad, la educación, el trabajo y la vida: 

La democracia, que está amenazada por un estado de emergencia convertido en permanente donde se lastiman los derechos a la asociación y a la protesta; donde el ejecutivo tiene poderes amplificados y el legislativo discute leyes por internet y las vota por WhatsApp. 

La libertad; la libertad de circulación, de expresión, de reunión y hasta la libertad de cultos. Nos han hecho creer que ver a la familia, congregarse en comunidad y velar a un muerto equivale a cometer un delito. 

La educación, que una gran mayoría de niños colombianos atrapados en la brecha digital ven vulnerada sin remedio. Niños que no tienen computador ni acceso a cualquier otro dispositivo electrónico; niños sin acceso a internet que llevan medio año de escuela perdido y a quienes esta pérdida impactará el resto de sus vidas. 

El trabajo, derecho que millones de personas han visto lesionado al perder sus empleos, negocios e inversiones. Derecho que se ha condicionado al permiso de la gobernante de turno, al cumplimiento de las más absurdas condiciones, a la aceptación de no poder atender más que al 30% de la clientela (siempre y cuando su cédula termine en el dígito adecuado) y a la recolección y tratamiento ilegal de datos personales.  

La vida, de quienes están en riesgo dentro de sus hogares y de quienes, padeciendo gravísimas enfermedades, han dejado de ser atendidos en los hospitales. 

Estas y muchas otras cosas preocupan a personas como quien escribe, que ve en las medidas tomadas retrocesos y no puede evitar pensar, con gran desconcierto, que la cura está saliendo mucho peor que la enfermedad.