Por: I.A Camilo Echeverri Erk

Sin duda, uno de los temas de mayor actualidad en los últimos meses en nuestro país ha sido el de la reforma agraria. Frecuentemente se publican noticias en relación con la adjudicación de tierras a los campesinos que no la tienen y la titularización de predios para los que la tienen, pero no han podido legalizar su propiedad. Se especula mucho sobre la posible expropiación de tierras improductivas, y cada tanto se presentan alarmas por intentos de invasión de tierras, lo cual ha sumido al sector agropecuario en un estado de gran incertidumbre e inquietud.

A mi parecer, el foco de la discusión sobre la reforma agraria debe centrarse en un problema mucho más complejo que la asignación y formalización de tierras: el de cómo hacer que la agricultura se vuelva un negocio rentable, especialmente para los pequeños productores. La razón por la que muchos agricultores han dejado la actividad es que su negocio no es estable, debido a la fluctuación de precios de los productos en el mercado por efecto de la ley de oferta y demanda. ¿Cuántas veces no hemos oído a cultivadores decir que el precio ni siquiera justifica recolectar sus cosechas y que prefieren perderlas? Tampoco podemos desconocer que con frecuencia se pierden cultivos enteros por efecto de plagas o enfermedades o debido a fenómenos climáticos.

Uno de los pilares para una agricultura rentable, quizá el más importante, es que el productor tenga la certeza de que podrá vender sus productos a precios justos que le permitan tener un razonable margen de ganancia. Por esta razón, recientemente se ha hablado de la idea del gobierno de revivir el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), entidad estatal que nació en 1944 como Instituto Nacional de Abastecimiento (INA). En una reforma administrativa de 1968 pasó a ser IDEMA, siendo reestructurado por decreto ley en 1976, por el cual se le confirieron responsabilidades en actividades de regulación del mercado de productos agropecuarios, mediante compra, venta, almacenamiento e importación / exportación de estos.

El IDEMA debía comprar a precios de sustentación acordados con el productor a través de actos administrativos, incluso antes de la siembra. La estabilización de precios se lograba por medio de existencias reguladoras de la oferta, para lo cual se almacenaban los productos (principalmente granos), los cuales se iban liberando al mercado gradualmente. Los productos que fueran deficitarios por baja producción nacional se importaban. El mecanismo funcionó, mal que bien, hasta comienzos de la década de los 90 cuando, debido a la apertura económica, el IDEMA perdió el monopolio de la importación que era su principal fuente de ingresos. En 1992 los costos laborales se volvieron insostenibles por el programa de retiro voluntario, al quedar la entidad con una carga de cerca de 1.000 pensionados (La Silla Vacía, 13/07/2022). Las pérdidas fueron cada vez mayores por ejercicios económicos negativos producto de políticas de comercialización deficientes. A esto se sumaron pérdidas por malas prácticas de almacenamiento (plagas) y corrupción administrativa, lo cual llevó a un desangre financiero insostenible. Según el periódico El Tiempo (24/12/1996), el instituto proyectaba para 1997 pérdidas estimadas entre 84.000 y 100.000 millones de pesos, aún sin mover un solo grano. Ese mismo año fue liquidado, paradójicamente, por la ministra de agricultura, Cecilia López Montaño (gobierno de Ernesto Samper), quien en los inicios de su segundo mandato al frente de la cartera de agricultura en el gobierno actual tenía entre sus planes revivirlo, antes de ser excluida del gabinete por el presidente Petro.

El gobierno Petro estableció en su plan nacional de desarrollo la prioridad de la producción de alimentos como eje estratégico de su política pública. Reconoce, sin embargo, que una reforma agraria sin estrategias para poner a producir la tierra con rentabilidad llevará al fracaso. Para garantizar dicha rentabilidad pretende reconstruir un esquema de comercialización estatal (IDEMA 2.0). Los otros pilares son el acceso a la tierra a través de los programas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el desarrollo rural focalizado en producción, transferencia de tecnología y apoyo para la comercialización de alimentos por intermedio de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

En entrevista para TV Agro (30/07/2023) el presidente de la ADR, Luis Alberto Higuera, sostuvo que el presupuesto de la entidad pasó de doscientos mil millones de pesos en 2022 a seiscientos mil millones de pesos en 2023. Los recursos están destinados a financiar proyectos asociativos de pequeños productores con topes mínimos de 1.200 millones y máximos de cinco mil millones de pesos por proyecto. En cuanto al IDEMA 2.0, manifestó que el objetivo es acortar la cadena de comercialización y que esta entidad le venda el producto a mercados públicos cautivos (fuerzas militares y de policía, prisiones, plan de alimentación escolar y de estudiantes universitarios del programa ‘Matrícula Cero’). Agregó que inicialmente se planea establecer una logística lo más sencilla posible, sin almacenamiento.

El mismo funcionario reconoció que los retos para poner a rodar este programa son inmensos y pasan por aspectos tales como:

• Necesidad de tener una planeación de siembras hasta ahora inexistente.
• Fortalecimiento de la asociatividad campesina, golpeada por débiles políticas de fomento y por el conflict

Si a esto se suman la falta de vías terciarias adecuadas, la precaria asistencia técnica, las altas pérdidas en poscosecha y comercialización, la falta de mentalidad empresarial de los pequeños productores, la inseguridad en el campo y el fantasma de la corrupción que ronda los entes públicos, el panorama no luce muy halagador.

La iniciativa es loable y hay que apoyarla. Habrá que darle tiempo para que se consolide y comience a rendir frutos. Amanecerá y veremos.