Por: La Directora

Para terminar el año, el gobierno nos sorprendió decretando el aumento más grande del salario mínimo que el país ha conocido en décadas. Lo que la norma prevé es que el ajuste anual del salario mínimo debe resultar del acuerdo entre el sector de los trabajadores y el de los empresarios y, que en caso de que dichas partes no lleguen a un acuerdo, el gobierno nacional lo puede decretar con arreglo a criterios técnicos como la inflación y el aumento de la productividad.

Dentro de las fracasadas negociaciones, los empresarios estaban pidiendo que el aumento del salario mínimo fuera del 7.7%. Por su parte, los representantes sindicales pedían que el aumento fuera del 16%. Y contra las expectativas de ambos sectores, el gobierno decretó un aumento del 23,7%, lo que ha desatado júbilo entre los trabajadores que se ganan el mínimo (una muy pequeña proporción de la población ocupada en Colombia) y el temor entre los empresarios (que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas). 

Se ha criticado duramente al gobierno como oportunista y populista, al decretar semejante aumento en plena época electoral y sin medir las consecuencias que pueda tener para la economía nacional. Se prevé mayor desempleo e informalidad, mayor inflación y una dura subida de la tasa de interés. Además, existen muchos costos asociados al valor del salario mínimo, que crecerán significativamente como consecuencia de ello y que afectarán a personas que no se beneficiarán del incremento. Por ejemplo: las multas, las viviendas de interés social, los gastos de administración, las cuotas moderadoras y copagos de las EPS, los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes, las matrículas escolares y los servicios notariales, entre otros.

Por su parte, el gobierno y sectores afines afirman que el aumento jalonará la demanda, lo que a la postre beneficiará al conjunto de la economía. Dicen, así mismo, que tomarán medidas para que el aumento no sea destinado a bienes suntuarios y que habrá que pensar en formas de compensación para aliviar la carga exagerada que tendrán que asumir las medianas y pequeñas empresas. 

En lo que toca al sector floricultor, Asocolflores se ha manifestado expresando su preocupación por el aumento, pues el negocio de las flores es intensivo en mano de obra y, por consiguiente, el impacto podría ser muy grande.

Hay demandas de anulación del decreto ante el Consejo de Estado. Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona el tema y cómo responde la economía. Por el momento, dos cosas no pueden ser negadas. La primera: que el aumento, aunque motivado por intereses de política social esperables de este gobierno, se sale de los extremos en que las partes representativas de los sectores se estaban moviendo, por lo cual resulta, por esa sola razón, excesivo y desproporcionado. La segunda: que la responsabilidad de las consecuencias de este aumento no será asumida por el gobierno actual, que va ya de salida.